Por Gretel Ledo (*)
La Resolución 3252/12 de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) sobre la Declaración Jurada Anticipada de Importación que entró en
vigencia el 1 de febrero pasado, ha suscitado una serie de cruces entre los
diversos mandatarios de los países miembros del MERCOSUR.
El establecimiento de un régimen de información anticipada aplicable a
todas las destinaciones definitivas de importación para consumo, implica una
clara barrera comercial no solamente para los importadores argentinos, sino
también para los exportadores de los países vecinos.
La obligación de presentar una declaración jurada por cada una de las
compras que se realice en el exterior, representa un claro vallado al de por sí
engorroso procedimiento de exportación. Una vez presentada la misma, será la
AFIP la encargada de pronunciarse ante la solicitud de autorización de la
operación pudiendo tomarse 72 horas para dar respuesta y un plazo extra de 10
días, en un trámite que comprende a varios organismos oficiales involucrados en
el comercio exterior.
Si bien el gobierno argentino propende a controlar la masiva fuga de
capitales, el programa se enmarca en la política de sustitución de
importaciones que ha cobrado su escenario durante la década del 50.
Una vez más se aplican políticas de forma unilateral haciendo caso omiso
a la normativa que rige el Mercosur. En este sentido, el presidente del
Uruguay, José Mujica expresó públicamente su desencanto enfatizando que el
grave problema es la debilidad jurídica de la unión. Entre las principales
demandas se encuentra la de modificar la postura uruguaya que tiende más a la
concesión que al planteo de sus intereses afectados. En cambio Brasil como
respuesta a la ofensiva argentina ha anunciado la posible creación de una
oficina de fiscalización de las importaciones.
Por su parte, la Federación de Industrias de Sao Paulo (FIESP) estima
que aproximadamente el 80% de las exportaciones brasileñas a la Argentina
podrán verse afectadas recayendo sobre 5.500 importadores argentinos.
Evitar el deterioro en la cuenta comercial, sin duda representa una
cortina de humo al problema irresuelto de fuga de capitales en un país que aún
debe recorrer un largo camino para fortalecer la credibilidad jurídica en sus
instituciones. Cuando se habla de previsibilidad se da por descontado el apego
a las instituciones ya sean formales como informales.
El cumplimiento de las leyes no solo debe operar bajo una lógica “puertas
adentro”, sino también en un contexto internacional donde rige el respeto a mi
prójimo, mi próximo. En este caso, una vez más la Argentina protagoniza la nota
de color quebrando el pacta sunt servanda.
No se trata de levantar murallas comerciales sino de desarrollar la
capacidad de autocrítica que permita indagar el por qué. Las inversiones no se
asientan en un país con prácticas al margen de la ley que crean un mundo propio
bajo instituciones informales en permanente cambio. Conductas, señales, gestos
que ofrecen una clara lectura del traslado de la problemática nacional al plano
internacional.
Para que la integración deje de gatear, ¿no habrá que pensar más en las
conductas que en las normas?
www.gretel-ledo.com.ar
Febrero 2012
